Punt Avui
El Govern ha aprobado la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. El registro, que dependerá del Departament de Salut, estaba pendiente porque es una de las obligaciones establecidas en la reforma de la ley de aborto aprobada en marzo del año pasado. El listado será confidencial y sólo podrán acceder al mismo, en el ámbito de sus competencias, los responsables de las direcciones o gerencias de los centros sanitarios autorizados para la realización de interrupciones voluntarias. La finalidad del registro es gestionar la “correcta” prestación pública y programación de esta actividad con criterios de “igualdad, equidad y calidad asistencial”.
La declaración de objeción de conciencia no deberá incluir, en ningún caso, el motivo de la objeción. Además, los profesionales que se declaren objetores lo serán tanto en el ámbito de la sanidad pública como privada, y, en cualquier momento, podrán modificar o revocar su objeción presentando la correspondiente manifestación para inscribirla en el registro. La revocación se entenderá sin perjuicio del derecho a realizar una nueva declaración de objeción de conciencia.
La normativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo prevé la regulación de la objeción de conciencia como un derecho individual de cada profesional sanitario que debe manifestarse con antelación y por escrito. Por eso, la normativa contempla la posibilidad de crear un registro de objetores de conciencia para garantizar la seguridad jurídica y el pleno respeto del derecho de las mujeres a abortar a la vez que se garantiza el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario.